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La Ley HB 56 de Alabama, catalogada por defensores y detractores como la más dura en su tipo, asustó a varios senadores que están a favor de una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos.
"El prohibir el acceso al agua potable constituye una violación a los derechos humanos", dijo a Univision.com una fuente del legislativo que pidió mantener su nombre en reserva porque no estaba autorizado para emitir declaraciones. "Se trata de una ley que viola la Constitución y no resuelve el problema".
Entre otras medidas, la ley migratoria de Alabama criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país excepto Arizona sigue siendo una falta de carácter civil no penal), autorizó a las policías locales a detener individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convirtió en delito el que un indocumentado gestione una licencia de manejar o de negocios, castiga a quienes den ayuda a un inmigrante sin papeles y exigió que las escuelas verifiquen el estado migratorio de alumnos nuevos al igual que sus padres.
Bases para un diálogo
Al ver la actual configuración del legislativo "se nos quita el optimismo", dijo Katherine Vargas, secretaria de prensa del Foro Nacional de Inmigración (National Immigration Forum –NIF-). "Pero me parece importante notar que obviamente los demócratas están tratando de diferenciar cuáles son sus propuestas de inmigración" y elaborar un proyecto para ser debatido y que cuente con apoyo republicano.
Vargas, sin embargo, opina que "más allá de propuestas que muchos piensan no van a llegar a ningún lado, lo que se está buscando es liderazgo" para poder entonces sentar las bases de un diálogo bipartidista que de resultados favorables y ponga fin al padecimiento que viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Pero el punto
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