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WASHINGTON, D. C. (EFE).— El Tribunal Supremo de EEUU, que inicia hoy su período de sesiones de otoño, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma del sistema sanitario, la legislación más importante promulgada por el presidente Barack Obama, cuestionada por los sectores más conservadores del país.
Los nueve magistrados del Supremo dictaminará también sobre la autoridad que tienen los estados para aplicar sus propias leyes sobre la inmigración que, según la Constitución, es materia exclusiva del Gobierno Federal.
El Alto Tribunal estadounidense deberá decidir igualmente si el Gobierno Federal tiene atribuciones para seguir vigilando la difusión pública para suprimir y penalizar las expresiones de indecencia.
La lista de casos que llegan al Tribunal Supremo de Justicia se completa con el uso de privilegios para las minorías en la admisión en las universidades, establecidos para compensar la discriminación del pasado y las desigualdades socioeconómicas.
Los magistrados también deberán dar sus veredicto acerca de los derechos de los padres adoptivos que son homosexuales, y sobre el impacto
que los avances en la tecnología, en particular de comunicaciones, tiene sobre el derecho de las personas a que se preserve su intimidad.
Una de las figuras cruciales en este período de trabajo del Tribunal Supremo de Justicia es Paul Clement, quien fuera procurador general en el gobierno del presidente George W. Bush, y ahora representará a los estados que han cuestionado la Reforma de la Sanidad, y defenderá la ley antiinmigratoria de Arizona.
Los estados que, con gobierno de republicanos, han desafiado la Reforma de la Sanidad cuestionan en particular la estipulación de que, a partir de 2014, todos los adultos tengan algún seguro que cubra sus gastos médicos, o paguen una multa.
Los estados querellantes sostienen que esta estipulación viola la Constitución de Estados Unidos, es una extensión inválida de las atribuciones del
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